El vacío legal existente en nuestro país en materia de prostitución hace posible que se aprueben ordenanzas municipales como la del ayuntamiento del Puerto de la Cruz que, semejante a otras que se están llevando a cabo en diversos municipios del estado español, pretende prohibir la prostitución de calle.

El ejercicio de la prostitución en nuestro país no constituye un delito, pero, paradójicamente, quienes la ejercen, no tienen reconocidos sus derechos, las prostitutas están siendo acosadas y hostigadas en diversas ciudades españolas por planes y ordenanzas especiales que las autoridades municipales están poniendo en marcha. Planes y ordenanzas basados en la represión, que impiden que quienes se prostituyen puedan hacerlo con garantías y seguridad.

Este parece ser el caso del gobierno municipal del Puerto de la Cruz, que, ante la pasividad del Gobierno de Canarias, pretende regular –dicen- “la convivencia ciudadana”, en la que se mete en un mismo saco el ejercicio de la prostitución callejera, la mendicidad, actos vandálicos de diverso tipo y hasta orinar en la calle. La manera de plantear la prostitución como un problema antisocial nos trae a la memoria aquella triste ley contra “vagos y maleantes” del franquismo, porque, efectivamente, igual que aquella ley, esta ordenanza es claramente represiva, castigando y dejando en la desprotección más absoluta a las prostitutas que captan su clientela en la calle, y que son el sector mas vulnerable de ellas, empeorando así aún más su situación.

Castigar la prostitución de calle a lo único que lleva es a que esa situación se desarrolle en la ilegalidad y por lo tanto en peores condiciones. Una cosa es decir que las condiciones en las que se ejerce la prostitución son, en muchos casos, indignas y otra muy diferente es considerar que lo indigno es ejercer este trabajo. Quienes prefieren captar la clientela en la calle, lo deciden así porque aunque el trabajo en calles y parques implique mayores riesgos para su seguridad, también suele implicar mayor libertad en el ejercicio y mejores ganancias, dado que los lugares cerrados están llevados por los dueños que son los que imponen las condiciones de trabajo quedándose un tanto por ciento importante de sus ganancias.

Desde acciónenred y desde la corriente Otras Voces Feministas, a la que pertenecemos, denunciamos esta ordenanza municipal que prohíbe la prostitución que capta su clientela en el espacio público, así como las sanciones económicas que se imponen (según la orden pueden ir de 750 a 1.500 euros) y que hacen que aumente el estigma, la pobreza y la discriminación de las prostitutas. Muchas de las mujeres que realizan trabajo sexual en las calles de nuestros municipios son inmigrantes que, paradójicamente, tendrían medios para vivir en nuestro país ejerciendo el trabajo sexual, pero que no pueden obtener sus papeles porque éste no es reconocido como una actividad lícita y legal.

Creemos que lo que impulsa este tipo de ordenanzas es un claro interés electoral y no una preocupación por mejorar la convivencia ciudadana, en la práctica sirven para invisibilizar los problemas de exclusión social que hay en nuestras calles, queriendo “limpiar” aquello que no interesa: mendigos, prostitutas, grafiteros, panfletistas, amantes… Es obvio que no preocupan las condiciones en las que se mueve la vida de las prostitutas, ni qué hacer para que éstas puedan superar las situaciones de mayor vulnerabilidad. Pretenden acabar con la prostitución de calle porque es la que más se ve y la que genera más problemas con el resto de la ciudadanía.

Consideramos que los espacios públicos son de todos los ciudadanos, nos parece cuestionable que sean los Ayuntamientos los únicos que tienen la facultad de establecer cómo se utilizan éstos y creemos que el espacio público debe ser negociado por los diferentes agentes sociales en pie de igualdad. Las trabajadoras del sexo son las primeras interesadas en mejorar sus condiciones de trabajo, en que se desarrolle éste en lugares tranquilos y seguros, con mejores condiciones de higiene, de alumbrado… Nos parece fundamental que las zonas de ejercicio del trabajo sexual de calle sean pactadas previamente con representantes de las trabajadoras del sexo, precisamente uno de los problemas fundamentales de las políticas abolicionistas es que no tienen en cuenta su opinión. Se da por sentado que las prostitutas son víctimas deseosas de abandonar la prostitución porque es una actividad degradante. En consecuencia, no merece la pena preguntarles porque se presupone que lo mejor para ellas, quieran o no, es “reinsertarse” y abandonar la prostitución.

Ordenanzas como ésta que conducen al acoso, la represión y el recorte de derechos de las prostitutas, especialmente las que captan la clientela en la calle, no tienen en cuenta la voz de aquellas que quieren seguir trabajando y mejorar las condiciones en las que se realiza su trabajo, son posturas que, como podemos constatar en los lugares donde se llevan a cabo, en la práctica, sólo sirven de cobertura para reprimir a las prostitutas y empeorar las condiciones de trabajo de éstas al provocar que esta actividad se desarrolle en la clandestinidad lo que favorece la vulnerabilidad de las prostitutas, así como un mayor desarrollo de las mafias y chulos que actúan con más impunidad al no haber una división clara entre lo que debería ser legal (la prostitución voluntaria) y las prácticas delictivas (la prostitución obligada), que encuentran un terreno abonado para desarrollarse amparadas en las prohibiciones de las legislaciones abolicionistas.

Con este tipo de campañas se oculta la realidad de la prostitución y se coloca en peor posición a quienes han decidido el ejercicio de esta actividad económica legítima, tal y como declaró en 2001 el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

En este sentido, reiteramos una vez más la necesidad de reconocer que la prostitución es una opción laboral para muchas mujeres y, en consecuencia, que se reconozcan legalmente los derechos laborales y sociales que se derivan de ello.

* Miembro de acciónenred y de la corriente Otras Voces Feministas.