El abogado de la plataforma de víctimas resalta que se trata de un caso complejo y “sin precedentes en Canarias ni en la península”.

El abogado de la plataforma que reúne a 25 de las víctimas de los supuestos abusos cometidos en la escuela de kárate Torres Baena, José María Palomino, ha destacado la labor “encomiable” del Servicio de Atención a la Familia (SAF) del Cuerpo Nacional de Policía así como la “magnífica” labor del juez instructor, Miguel Ángel Parramón.

Palomino destacó la complejidad de un caso “sin precedentes en Canarias ni en la península”, y agradeció el tratamiento que desde los medios de comunicación se está dando a las víctimas, que en muchos casos son aún menores de edad. El letrado, que además es doctor en derecho penal, no pudo hacer una estimación de cuándo podrá dar comienzo el juicio.

El jurista aseguró que hay dos únicos “hechos objetivables” en torno al procedimiento. El primero es que el magistrado que lo instruye “ha decidido transformarlo en sumario” lo que significa que ha considerado que los delitos de los que se acusa a cinco personas, tres en prisión provisional y dos en libertad con cargos, “suponen condenas con penas superiores a los nueve años de cárcel”.

En este momento permanecen encarceladas en la presión del Salto del Negro, en Gran Canaria, el dueño de la escuela, Fernando Torres Baena, su pareja, María José González Peña y una de las profesoras, Ivonne González Herrera. Los tres se enfrentan a varios delitos por corrupción de menores y abusos sexuales.

Fianza elevada

La segunda razón que permite hacerse una idea de la trascendencia del procedimiento, que todavía está bajo secreto sumarial –y que podría levantarse en los próximos días-, es que se ha determinado una fianza ante posibles responsabilidades patrimoniales de tres millones de euros, de las que serían beneficiarios a través de indemnizaciones el más de medio centenar de posibles víctimas de la red.

Palomino recordó que los miembros de la plataforma a los que representa demandan que se esclarezcan los hechos y se imparta justicia, aunque todavía “sea difícil aventurar” las penas totales que afectarían a los acusados en caso de que el tribunal determine su culpabilidad.

El artículo 182 del código penal determina para los casos de abusos sexuales penas de entre 4 y diez años de cárcel, por lo que teniendo en cuenta que se habla de en torno a medio centenar de víctimas, las penas para los acusados rondarían los 500 años de cárcel. Sin embargo, recuerda Palomino, “habrá que ver qué hay en la instrucción, si son delitos continuados o individualizados”, finalizó.