El marido de Alexia de Grecia se construye una mansión en Puerto Calero sobre suelo no urbanizable e invade dominio público marítimo-terrestre.

La opinión pública sabía de la vida de Carlos Javier Morales Quintana sólo a través de las crónicas rosas de la prensa del corazón. Hasta que CANARIAS AHORA destapó el 25 de mayo la implicación del sobrino político de la Reina de España en la operación Unión, una extensísima investigación contra la corrupción en la isla de Lanzarote que acumula ya 32 imputados y 79 delitos.

Y el joven arquitecto Carlos Morales no escapa del huracán Unión. Es más, figura en una de sus tramas principales directamente en el ojo de la operación, ligado a quien la Guardia Civil denomina como "jefe" o "cerebro" de una asociación ilícita para delinquir, el ex presidente del Cabildo Dimas Martín Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), en el intento de amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.

Pero el marido de la princesa Alexia de Grecia no sólo está imputado por participar bajo las directrices de Dimas Martín en la redacción a su antojo de la norma urbanística capitalina. También su nombre se relaciona en el sumario con otra figura política lanzaroteña, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), recientemente puesto en libertad bajo fianza de 120.000 euros por la juez que instruye el caso de la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio turístico. Y todo por construirse una mansión en Puerto Calero sobre suelo no urbanizable.

Consta en el sumario del caso Unión la participación del yerno de Constantino de Grecia en las reuniones preparatorias para redactar el futuro PGOU de Arrecife con otra persona que, aparentemente, nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Arrecife: Dimas Martín. La Guardia Civil resalta significativamente este hecho. Tanto Carlos Morales como Dimas Martín "son ajenos al Consistorio".

Aún así, los investigadores confirman varias reuniones, a través de los dispositivos de vigilancia discreta, aparte de las innumerables grabaciones telefónicas a los imputados por el intento de amaño del Plan General. Carlos Morales, junto a los arquitectos José María Pérez Sánchez y Víctor Alberto Sánchez Martín, serían los encargados de redactar el PGOU que, sin embargo, firmaría otro arquitecto, Pedro Lorenzo Luna Santana, que cobraría sólo por figurar unos 60 millones de las antiguas pesetas.

Por ello Morales Quintana está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, al igual que el resto de arquitectos y el concejal de Urbanismo José Míguel Rodríguez (PIL), mientras que a Dimas Martín y al concejal del Plan General Ubaldo Becerra (PIL) se les imputa también un delito de tráfico de influencias. Otros dos funcionarios en el ajo, Juan Rafael Arrocha Arrocha y la hija de Dimas María Elena Martín Martín están encartados por actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Dos proyectos bajo investigación: Palacio de Congresos e Islote del Francés

La Guardia Civil resalta la relación de parentesco familiar entre Carlos Morales y Ubaldo Becerra, uno de los dos concejales confesos de haber cobrado comisiones ilegales en Arrecife. Tanto, que antes de acudir a una de las reuniones con Dimas, los investigadores detallan el interes de Ubaldo Becerra por pasarse antes por el despacho de Carlos Morales para ver un proyecto que "el alcalde le ha dicho que está muy bien, que era de los mejores".

La UCO apunta a dos posibilidades que sigue investigando: la construcción de un Centro Insular de Congresos justo al lado del Cabildo o unas obras en la zona conocida como "La Rocar", en el Islote del Francés.

Pero donde sí ha cerrado el círculo la investigación es en otros dos casos de tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos en relación directa con su primo Ubaldo Becerra. Se trata de la concesión de una licencia ilegal a Promociones Conjunto La Vereda SL, mercantil de la que Morales Quintana es arquitecto y representante. Para poder otorgar la licencia, Morales debe acreditar tal condición, trámite que obvia Ubaldo Becerra y le concede el permiso sobre la marcha.

El otro caso apunta a la utilización del cargo de Becerra para beneficio económico de Carlos Morales, al ofrecerle el concejal al arquitecto hacer un proyecto de obras en una plaza de Arrecife, a cargo del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo, el famoso Plan Zapatero para todos los municipios de España.

Considera legal su casa porque alrededor hay construcciones

En cuanto a la relación de Carlos Morales con José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, le lleva directamente a estar imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El arquitecto se ha construido una vivienda de lujo en Puerto Calero, en la zona conocida como Barranco del Agua, y la investigación apunta a las claras que la licencia otorgada por Reyes es ilegal: se construye sobre suelo no urbanizable e invade 20 metros el dominio público marítimo-terrestre.

Esta subtrama de Unión ha motivado, al existir un delito conexo con José Francisco Reyes, que el juez de Instrucción 5, César Romero Pamparacuatro, abriera nuevas diligencias en una pieza separada, el pasado 26 de noviembre, previsiblemente para remitir el caso a la juez María Dolores García Benítez, de Instrucción 2, que investiga al ex alcalde de Yaiza por la masiva concesión de licencias ilegales.

De ahí que ante el juez del 5, el interrogatorio a Carlos Morales se centrara casi en exclusiva en el caso del apaño del Plan General de Arrecife. Sin embargo, ante la Guardia Civil Morales Quintana incurre en este caso en varias contradicciones a la hora de aclarar cómo consiguió la licencia de obras y llega a asegurar a los investigadores que él mismo consideraba que el suelo era urbano porque las parcelas de alrededor estaban construidas.

La Guardia Civil deja en evidencia a Carlos Morales en su declaración en sede policial, al mostrarle abundante documentación al respecto, incluidos informes negativos del Ayuntamiento de Yaiza a la concesión de licencia de obras. Morales admitió haber comprado el terreno, de unos 10.000 metros cuadrados, por 250.000 euros. Reconoció que el valor del mismo hubiese sido sensiblemente superior de haber tenido una catalogación de suelo urbano.