Hasta ahora, son doce los imputados por la presunta recalificación irregular de una parcela en Telde.

El denunciante del denominado caso Calero, Miguel Ángel Rodríguez, ha acusado a Guillermo Reyes, portavoz de AFV-Ciuca y ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, y a Francisco Santiago, actual alcalde del Consistorio, de "imputarse con pólvora mojada", al considerar que, pese a la manifiesta enemistad entre los representantes políticos, están "amparándose mutuamente". Según Rodríguez, Reyes y Santiago disponen de información suficiente para denunciar irregularidades que podrían derivar en "condenas e inhabilitaciones".

Estas duras acusaciones las ha realizado a propósito de las actuaciones llevadas a cabo durante el procedimiento abierto por el caso Calero, que investiga la presunta recalificación irregular de una parcela en el barrio teldense del mismo nombre y que, hasta el momento, se ha saldado con doce imputaciones, entre ellas las de José Luis Mena, ex jefe del servicio de Urbanismo de Telde, el ex alcalde Francisco Valido, el promotor Félix Machín, los hermanos Adolfo e Ignacio Calandria, ex registrador de la propiedad el primero y empleado de Machín el segundo, o Jesús Álvarez, redactor del Plan General de Ordenación del municipio grancanario.

Rodríguez ha denunciado que el Ayuntamiento "impide que quien tiene información la aporte al procedimiento con la finalidad de acabar con la vía administrativa y remitir a la contenciosa, que tardaría años". El denunciante asegura desconocer las causas por las que el Ayuntamiento, regido en la actualidad por Francisco Santiago (NC), "obvió" el expediente del caso Calero entre los presentados recientemente en los juzgados contra Guillermo Reyes y advierte cierto oscurantismo en sus actuaciones.

Así, recuerda que en 2008 comenzó el procedimiento de revisión de oficio del acto administrativo que dio lugar a la reparcelación del terreno, pero que no fue hasta julio de 2009 cuando el Ayuntamiento declaró el inicio del proceso formal, que caducó, según Rodríguez, a los tres meses, al no haber dado respuesta el Consistorio en los plazos marcados.

Diez días más tarde, tras un registro en la sede de la empresa Telpan, cuyo administrador único es Félix Machín, la policía se incauta de tres cintas relevantes para la investigación. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Telde inicia un nuevo procedimiento que finaliza, según el denunciante, 48 horas antes del cumplimiento del plazo con una solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. Miguel Ángel Rodríguez denuncia que el Consistorio, al contrario de lo que sucediera durante el primer proceso, "no le ha dado audiencia" cuando, asegura, tiene nueva información que aportar.

Entre los nuevos datos que pretendía ofrecer figura un levantamiento topográfico privado del que deduce que puede existir un "robo al dominio público" en la actuación del Ayuntamiento de Telde, con una "desafección" de un bien de dominio público, que pasaría a ser patrimonial y, a partir de ahí, ''podría venderse".

Rodriguez insiste en que, hasta el momento, "nadie ha negado los hechos" y que, en un caso "aparentemente de poca importancia", el juez "se la juega, imputando a un registrador de la propiedad".

El denunciante del caso Calero asegura no temer por su vivenda (la reparcelación afecta al 70% de su terreno), puesto que dispone de "mecanismos para defenderla". "Lo que me preocupa es la inseguridad jurídica, que el Ayuntamiento no defienda la legalidad y que no haga nada por resolver la basura", concluye.