"Habrá que pedir responsabilidades a este señor", aseguró la directora general de Consumo en referencia al portavoz socialista.

La directora general de Consumo del Gobierno de Canarias, Sinesia Medina, retó este martes al portavoz socialista en el Parlamento regional, Santiago Pérez, a "ir a la Fiscalía" si realmente posee información de sanciones que su departamento dejara de cobrar a empresarios, acusación que negó.

Durante la presente etapa de la Dirección General, que abarca algo más de dos años, desde el inicio de la actual legislatura, "no se ha llevado a cabo ninguna caducidad de expedientes, y mucho menos se ha favorecido a empresas" por esa vía, afirmó Medina a preguntas de periodistas, en una rueda de prensa que ofreció para presentar las iniciativas del Gobierno ante el Día Mundial del Consumidor.

La directora general respondió así a acusaciones en las que Pérez aseguró tener "informaciones muy serias" de que el Gobierno habría beneficiado a determinadas empresas, al dejar que caducaran sanciones relacionadas con consumo.

"Eso es grave, es muy grave", criticó Medina, que insistió en que no son ciertas esas afirmaciones del socialista.

"Y mucho menos que estemos poniendo en entredicho la salud de los consumidores canarios", tal y como opinó Santiago Pérez que se está haciendo al dejarse pasar esas sanciones.

Dispuestos a denunciar

Por todo lo expuesto, la directora general sostuvo que "habrá que pedir responsabilidades a este señor", de quien dijo que "tenía que haber ido a la Fiscalía", de poseer la información que asegura que tiene, en lugar de denunciarla en los periódicos.

Sinesia Medina no aclaró, en todo caso, si el Gobierno está dispuesto a denunciar, a su vez, en los tribunales a Santiago Pérez, que, en una rueda de prensa que dio ayer, cifró en mil millones de pesetas el dinero que se ha dejado de cobrar por estas sanciones y advirtió de que los supuestos beneficiarios son grandes empresas, no todas relacionadas con el sector de la alimentación.