Desde la aprobación de la Constitución en 1978 y a través de las sucesivas leyes orgánicas que han venido ordenando el sistema educativo todos los gobiernos han pretendido dar la forma más eficaz posible al ejercicio del derecho a la educación. En más de una ocasión el consenso necesario para que ese ordenamiento pueda contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y agentes sociales ha estado muy próximo: conviene recordar que la LOGSE alcanzó el mayor nivel de acuerdo logrado por una ley educativa.
En esta ocasión y desde la responsabilidad de saber que la prioridad de la educación debe ser la de toda la sociedad, el Ministerio de Educación, a través de su titular Ángel Gabilondo, trata de impulsar un pacto social y político por la educación con el fin de lograr un grado de consenso suficiente sobre aquello que podríamos denominar los mínimos indispensables en el ordenamiento eficaz de la educación, tanto universitaria como no universitaria en España. El documento que el Ministerio ha dirigido a las fuerzas políticas y sociales para iniciar el diálogo, además de reconocer, la necesidad de un consenso plantea algunas cuestiones y también algunos supuestos que deberían ser compartidos.
En primer lugar, el documento reconoce que la educación requiere una cierta estabilidad normativa y que no debemos cambiar las leyes cada legislatura. En este sentido, todos tenemos a nuestro alcance un buen ejemplo que, desgraciadamente, nunca es mencionado: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Esta ley está en vigor desde 1985 (más de veinte años) sin que haya sido necesario derogarla y sin que haya tenido que sufrir grandes modificaciones.
En segundo lugar, el documento reconoce que debemos trabajar sobre la base de un diagnóstico independiente e internacional para reconocer tanto las debilidades como las fortalezas de nuestro sistema educativo actual. En este sentido, convendría recordar que, desde la LOGSE (1990) nuestro país cuenta con un observatorio permanente de la realidad educativa, el Instituto de Evaluación, que además facilita la participación de nuestro país en numerosos estudios internacionales (PISA, TIMSS, PIRLS) y, además, con informes elaborados por el Consejo Escolar de Estado y los diferentes Consejos Escolares Autonómicos. En resumen, información no falta, pero es muy importante que todos podamos extraer de ella las mismas o similares conclusiones.
Más allá de estos dos sencillos supuestos iníciales, el documento enumera una amplia variedad de cuestiones sobre las que sería posible alcanzar un gran consenso nacional: la situación del profesorado, la evaluación en las distintas etapas educativas, la formación, el empleo y la transferencia de ciencia y tecnología al sistema productivo, modernización e internacionalización de las universidades, becas y ayudas, financiación…etc.
La propuesta inicial del Ministerio de Educación está muy abierta, de hecho en cada una de las cuestiones planteadas se describe brevemente los rasgos que podría tener una solución aceptable para todos(as).
Lo cierto es que el consenso, si se logra, debería dotarnos de una configuración de sistema educativo tanto universitario como no universitario que, partiendo de las actuales leyes orgánicas, nos permita tener un funcionamiento mucho más eficaz, flexible y moderno de este servicio público indispensable: la educación. Todos y todas estamos convocados a este pacto.
(*) Nina Santana es senadora por Gran Canaria del PSC-PSOE y vicepresidenta de la Comisión de Educación en el Senado.
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.... Dña. Nina, disculpe, pero el ciudadano de a pié necesita que además de grandilocuencias, pactos de mínimos y un largo peregrinar por las siglas LOE, LOGSE, L...., se actúe en los centros educativos, que los padres vean la escuela como la otra cara de la educación de sus hijos, que se responsabilicen de las actitudes de sus hijos en el aula y fuera de ella, mientras las leyes permitan que los padres entren hasta el fondo de "la cocina", los maestros perderán su autoridad. Por otro lado no se puede permitir que la Consejería de Educación considere a sus empleados sus propios enemigos, ...
En la Educación, como en Sanidad y Servicios Sociales no hay que apostar por "mínimos" sino por máximos, a qué si no debe aspirar un estado democrático y un gobierno para el pueblo (que es el que paga, ojo). Si tenemos que optar por unos mínimos mal empieza la cosa, y si este gobierno, el que nos hemos dado, nos devuelve mínimos y bofetadas en la cara, hay que tumbarlo ya y ponerlo en evidencia. Fascismo impuesto por la fuerza vale me callo por si los tiros en la nuca, pero fascismo con urna interpuesta ¡Jamás!
SENADORA: Cuentos. Lo ESENCIAL a pactar, y sin esto NADA FUNCIONARÁ, es que a los alumnos que impiden, con sus insultos y faltas de respeto, que las clases sean eficaces se les derive a unos centros especiales con disciplina espartana acorde a su conflictividad. Hablo de alumnos de todos los niveles educativos: desde 1º a 6º de Primaria hasta los de 1º a 4º de la ESO, ya que el problema de la vergonzosa falta de nivel se origina en la Primaria. Lo segundo que debe pactarse es introducir periódicas pruebas externas (Exámenes de Estado) para supervisar que los objetivos de cada ciclo se cumplen.
.la propuesta es tan abierta que aparte de la declaraciónde intenciones de su preámbulo y la enumeración de una serie de temas no plantea ninguna medida o comromiso concreto. por lo que somos much@s los que lamentamos que no se haga referencia a la educación PÚBLICA, así como a temas tan fundamentales como la doble red sostenida con fondos públicos ( centros concertados), la desigual escolarización del alumnado con más dificultades, la convivencia escolar, la laicidad, la autonomia de los centros, la participación democrática de todos los sectores.... Una profesora desencantada