En los tiempos que corren hay una justificada hipersensibilidad ante la pérdida de puestos de trabajo. Que un empresario de la envergadura de Santana Cazorla, con un grupo empresarial importante en Canarias y fuera de las islas, amenace con amortizar 800 empleos si no se le otorga una concesión para un muelle deportivo, es ciertamente un hecho de relevancia pública. Y es lógico que ante la alarma que genera una amenaza así, muchos cierren filas en torno a ese empresario. Lo que no tiene pase alguno es que, aprovechando un retraso cierto del Gobierno de Canarias en conceder autorizaciones de este tipo y ante la aún inconclusa planificación territorial insular, la empresa cuele un plan de reconversión laboral que afectaría ciertamente a unos 300 trabajadores. Pero no por la crisis que pudiera padecer la empresa, que no va ahora a cargarse a los empleados que sostienen sus complejos de multipropiedad, sus hoteles y sus servicios, sino por la necesidad de hacer una modificación en las relaciones laborales de una de sus empresas que ya son conocidas por la UGT y por el Cabildo grancanario. La tercera mentira es, por tanto, la ocultación de las verdaderas intenciones de la empresa.