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La consejera que ha dilapidado esos 3.000 euros en una comilona es la misma que en 2010 presentó una durísima querella contra el anterior responsable de los Centros de Arte y Cultura del Cabildo de Lanzarote, el socialista Carlos Espino, al que acusó nada menos que de "prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y fraude", sin que se conozcan otros hechos punibles distintos a adjudicar unas reformas a un empresario afiliado al PSOE al que finalmente hubo que pagarle más de lo presupuestado por el encarecimiento de las obras. Pérez, en realidad, buscaba levantar por los aires al que un día se había atrevido a denunciar los comportamientos corruptos de una parte importante de la oligarquía lanzaroteña, dando lugar al llamado caso Unión, todavía en tramitación en los juzgados. La misma generosa consejera de Turismo, dicho sea por completar su retrato, es una de las propietarias que construyeron ilegalmente sus casas en la urbanización La Bufona, sobre la que pesa ya una orden judicial de demolición de carácter firme. Por cierto, de la querella a Espino nunca más se supo, más allá de que declaró como imputado tras la denuncia de la consejera. A ver.
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